Esta es una colaboración especial de Cory R. Levi, Licenciado y Doctor en Derecho. Cory es un abogado licenciado en Quebec y Ontario del bufete de abogados Lazarus Charbonneau (www.lazchar.com), con sede en Montreal, y trabaja en los departamentos de derecho del juego y de sociedades. Si desea realizar una contribución, por favor, contáctese con Bill Beatty para obtener los detalles. Muchas gracias.

El año pasado escribí un artículo sobre el marco legal de la industria del juego en línea de Canadá en el que hablaba específicamente sobre el concepto del “Principio de los operadores extranjeros” y de cómo estos ofrecen legalmente sus productos de i-gaming a los canadienses sin enfrentarse a un proceso penal.[1] Sin embargo, recientemente, debido a los rumores que circulan sobre que Canadá está en medio de una reforma de su actual marco del juego, han surgido algunas preguntas sobre si los operadores extranjeros que se encargan de los negocios en Canadá podrán seguir operando sin consecuencias legales.

No hace falta mencionar que las provincias canadienses no han tenido éxito en su intento de lanzar sus propias plataformas de i-gaming: Columbia Británica tuvo complicaciones con los controles de privacidad, mientras que Loto-Quebec nunca alcanzó los objetivos que había previsto inicialmente. Aunque no podemos confirmar ni negar estos rumores, es bastante justo suponer que un régimen de i-gaming regulado, basado en un modelo de licencias, podría finalmente ayudar a las provincias a aumentar sus ganancias.

Pero ¿cómo podría ser este modelo? ¿Será algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, donde cada provincia tendrá la facultad de determinar si regula o no el juego, o será similar al modelo británico, donde el juego estará regulado en todo el país? ¿Solo se concederán unas pocas licencias a los operadores extranjeros existentes, o se permitirá que cualquier operador presente su solicitud? Por otra parte, ¿este nuevo modelo regirá todas las formas de juego (es decir, póquer, casino, apuestas deportivas, deportes de fantasía) o se limitará a un solo tipo?

Durante años, e incluso hoy en día, nuestra oficina ha adoptado una postura legal según la cual, mientras no haya ningún vínculo entre Canadá y el operador de juego en línea (es decir, oficinas físicas, servidores, personal, etc. ubicados en Canadá), no se puede considerar que estén infringiendo las leyes de juego canadienses, por la sencilla razón de que el Código Penal de Canadá, el estatuto que rige en la materia, no tiene aplicación extraterritorial. [2] Además, si Canadá regulara alguna vez el juego en línea, como afirma Morden “Cookie” Lazarus, socio principal de Lazarus Charbonneau, “los operadores extranjeros estarían operando legalmente en el ciberespacio”, a menos que se produzca un cambio legislativo.

El 19 de octubre del año pasado, el Partido Liberal de Canadá consiguió un gobierno federal mayoritario que facilitaría la aprobación y promulgación de la legislación; sin embargo, en los últimos cinco años, el único proyecto de ley importante sobre el juego que se presentó para ser decretado y que podría haber tenido un impacto en los operadores extranjeros fue el proyecto de ley C-290, que, de haberse aprobado, habría permitido las apuestas de un solo deporte. Pero todos sabemos lo que ocurrió allí: murió muy, muy lentamente. Dicho esto, no preveo que se produzca una modificación del Código Penal en el corto plazo.

En consecuencia, la única forma real de que las provincias impidan la entrada de los operadores extranjeros en el mercado canadiense sería obligar a los proveedores de servicios de Internet canadienses a bloquearlos.

No es ningún secreto que hay más gente que prefiere jugar en línea, en la comodidad de su casa, que en los casinos tradicionales de ladrillo y cemento. De hecho, Loto-Quebec, la agencia gubernamental responsable del juego en Quebec, vio cómo sus resultados netos en la última década disminuyeron un 4,2%, a pesar de que sus ingresos por juego en línea aumentaron de 50 millones de dólares en 2005 a 250 millones en 2012. [3]

Por ello, en su presupuesto de 2015-2016, el gobierno de Quebec indicó que se propondrá una enmienda legislativa para introducir una medida de filtrado de sitios web ilegales. De acuerdo con esta medida, los proveedores de servicios de Internet no podrán dar acceso a un sitio web de juegos y apuestas en línea cuyo nombre figure en una lista elaborada por Loto-Québec de sitios web que deben ser bloqueados.[4]

Nunca antes un gobierno canadiense, federal o provincial, había ordenado a un proveedor de servicios de Internet que bloqueara el acceso a un sitio web, ya que, desde hace mucho tiempo, la política canadiense consiste en no controlar el contenido al que los canadienses pueden o no pueden acceder en el ciberespacio. De hecho, ni siquiera ha sido bloqueada la pornografía infantil, el enemigo público número uno en lo que se refiere a Internet, aunque los gobiernos canadienses apoyan ciertas iniciativas privadas para intentarlo, como el Canadian Centre for Child Protection (Centro Canadiense para la Protección de la Infancia).[5]

Curiosamente, el plan propuesto por Quebec para bloquear sitios web parece contradecir otro de sus informes publicados anteriormente, el Informe del grupo de trabajo sobre juegos de azar en línea, al que se le encomendó la tarea de estudiar la industria del juego en línea. Allí, la comisión emitió cinco recomendaciones, entre ellas la necesidad de crear un organismo regulador independiente que expida licencias a los operadores privados que deseen entrar en el mercado de Quebec.[6]

Así que aquí estamos, parados en una encrucijada: las provincias canadienses se dan cuenta de que es necesario un cambio en la industria del juego en línea de Canadá, pero no están muy seguras de cómo hacerlo. ¿Deberían bloquear el acceso a todos los operadores extranjeros y así obligar a los canadienses a jugar solo en las plataformas de i-gaming operadas por las provincias, o deberían crear un régimen de licencias que permita a los operadores extranjeros con licencia seguir prestando servicio a sus jugadores canadienses?

Lo cierto es que cualquiera de los dos escenarios requeriría un cambio en la legislación, que solo podría producirse a nivel federal, ya que la Ley de Telecomunicaciones prohíbe estrictamente a los proveedores de servicios de Internet interferir con lo que el público puede o no puede ver (aquí entran en juego los argumentos sobre la libertad de expresión),[7] y el Código Penal de Canadá no es aplicable a los operadores extranjeros que respetan el “Principio de los operadores extranjeros”, como decidió el Tribunal Supremo de Canadá.

[1] Las provincias de Canadá buscan soluciones para la problemática del i-gaming. Informe sobre la legislación mundial del juego en línea. Diciembre de 2014. En línea en http://www.e-comlaw.com/world-online-gambling-law-report/article_template.asp?Contents=Yes&from=woglr&ID=2137

[2] Código Penal, RSC 1985, c C-46, s. 2

[3] http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2015-2016/en/documents/BudgetPlan.pdf
[4] Ibid.

[5] https://www.protectchildren.ca/app/en

[6] http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/jeu/pub/AUTEN_OnlineGambling_ENGsummary.pdf

[7] Ley de Telecomunicaciones, SC 1993, c 38, s. 36.

Esta es una colaboración especial de Cory R. Levi, Licenciado y Doctor en Derecho. Cory es un abogado licenciado en Quebec y Ontario del bufete de abogados Lazarus Charbonneau (www.lazchar.com) , con sede en Montreal, y trabaja en los departamentos de derecho del juego y de sociedades.